Las organizaciones representativas de las escuelas infantiles privadas y de iniciativa social de Cataluña han expresado su preocupación ante el borrador de Real Decreto del Ministerio de Educación, que propone una reducción de las ratios en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años). Aunque las entidades consideran que esta medida es pedagógicamente positiva, advierten que sin un aumento proporcional de la financiación pública, podría llevar a la desaparición de la red privada y de iniciativa social, que actualmente representa cerca del 40 % de la enseñanza en esta etapa educativa en Cataluña.
Las asociaciones, que incluyen la Associació Catalana de Llars d’Infants y la Coordinadora d’Escoles Bressol de Catalunya, subrayan que la financiación es crucial para garantizar la calidad educativa, mejorar las condiciones laborales de los profesionales y asegurar la viabilidad y estabilidad de los centros. Muchos de estos centros han sido pilares de la educación infantil en la región desde los años sesenta y setenta.
Uno de los puntos más críticos que destacan es que el borrador no ha sido elaborado a través de un diálogo abierto con las entidades del sector, a pesar de que estas escuelas infantiles son fundamentales dentro del sistema educativo catalán. La desaparición de la red educativa privada y de iniciativa social podría limitar el acceso a la educación para miles de niños y familias en un momento crucial para su desarrollo. En este sentido, avisan de que la actual oferta pública es insuficiente para satisfacer la demanda, lo que podría dar lugar a un colapso en el sistema educativo.
Además, las entidades alertan sobre el impacto laboral que tendría esta reducción, ya que podría suponer la pérdida de miles de empleos directos e indirectos en un sector que es predominantemente feminizado. A nivel autonómico, han señalado que Cataluña presenta una situación de infrafinanciación estructural en las escuelas infantiles, con una ayuda pública muy limitada y un desequilibrio en comparación con la oferta gratuita en las escuelas públicas.
Las organizaciones también han hecho un llamamiento a nivel estatal, indicando que una reducción de las ratios sin la financiación adecuada podría dejar a más de 225.000 niños sin plaza, afectando casi a la mitad de los alumnos matriculados en el primer ciclo y provocando la pérdida de más de 60.000 empleos.
Ante este panorama, las tres entidades solicitan al Ministerio de Educación que inicie un proceso de diálogo inmediato con ellas y que cualquier modificación de las normativas incluya un respaldo financiero suficiente para garantizar la viabilidad y estabilidad de los centros. Enfatizan que el debate no debería centrarse en la oposición entre educación pública y privada, sino en cómo asegurar el derecho a la educación de todos los niños desde su más temprana infancia. Para ellas, es esencial mantener una red educativa sólida que combine la oferta pública y privada, garantizando así opciones de calidad y sostenibles para todas las familias.